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La Coordinadora Intercomunal contra el proyecto Octopus, que comprende el Terminal GNL Penco-Lirquén y la Central El Campesino, expuso sus agrumentos de oposición a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados. Los parlamentarios manifestaron su apoyo al movimiento, acordando exigir la máxima rigurosidad en la evaluación del proyecto a las autoridades pertinentes.

El objetivo de la reunión fue visibilizar lo perjudicial que es el proyecto para las comunidades locales y la serie de irregularidades que ha sufrido en el proceso de evaluación ambiental. “Queremos que dentro de las facultades que tiene la comisión, pueda ayudarnos en ese sentido de forma más efectiva” señala Victor Díaz, presidente del Comité Bulnes Sin Termoelétricas, que se opone a la Central El Campesino que pretende instalare en el corazón agrícola de Bulnes.

“Nos va a afectar a través de la polución de metales pesados y lluvia ácida en los suelos y un aumento de la temperatura” agrega Juan Carlos Villagra, presidente de la Junta de Vigilancia del Río Diguillín, refiriéndose en el último punto al sistema de enfriamiento por aire de la central en un valle que ha tenido las temperaturas más altas a nivel nacional, lo que afectaría la polinización.

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“Este es un proyecto que mina como tal la estrategia del Plano Regulador Metropolitano, que está llevando a cabo nuestro Consejo Regional con el intendente y los consejeros Regionales, el cual habla de la bahía de Concepción como un punto netamente turístico para el desarrollo local” declara Leonidas Arancibia, vocero de la Coordinadora Penco-Lirquén, que se opone al Terminal GNL Penco-Lirquén que se ubicaría en la bahía de Concepción.

Este lugar constituye la segunda zona naval más importante del país. “Es un sector militar estratégico donde una bomba de tiempo como esta no es para nada producente” agrega Arancibia, que en esta ocasión también representó a las comunidades de Tomé y Talcahuano que también se oponen al megaproyecto. “Desde los polos gastronómicos hasta nuestras agrupaciones indígenas que realizan actividades religiosas y culturales en la zona se oponen abiertamente a esto” recalca el vocero de Penco.

Autoridades locales también plantearon su oposición, como fue el caso de la alcaldesa de Tomé, Ivonne Rivas. Junto al concejo municipal han decidido tomar cartas en el asunto contratando a un profesional que analizó el proyecto, lo que ha significado que en dos ocasiones se le hayan hecho serios cuestionamientos al proyecto.

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“Nuestro plan regulador y el plan metropolitano (…) lo demuestra claramente, en que Tomé tiene una visión turística y así nos hemos estado desarrollando” dice la alcaldesa, destacando el lema comunal que pone a Tomé como “Capital Turística de la Región del Biobío”.

Frente a este escenario, la posición de la comisión fue clara y de apoyo a las comunidades en conflicto. Fue el caso del diputado Christian Urízar de la V Región, quien visibilizó las consecuencias de la instalación del terminal a gas en Mejillones, actual zona de sacrificio.

Desde la zona costera que se pretende afectar, el diputado Marcelo Chávez, de la Región del Biobío, denuncia el clima que ha generado la empresa Biobíogenera a cargo del proyecto, a través de publicidad y otros medios de intentar demostrar que el proyecto está prácticamente aprobado.

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Si bien no tiene competencias vinculantes, la comisión acordó enviar cartas al intendete, la autoridad marítima, el ministerio de energía y el Servicio de Evaluación Ambiental, para exigir el máximo rigor al momento de evaluar el proyecto.

La instancia contó con el apoyo de la diputada Loreto Carvajal que sin pertenecer a la comisión, llegó a mostrar su respaldo al movimiento social contra el megaproyecto energético de Biobíogenera. Asimismo, en los pasillos del congreso el diputado Lautaro Carmona, y la diputada Karol Cariola, dieron muestras de apoyo tomándose fotos junto a los dirigentes sociales.

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