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Antes de que se cumpla con la evaluación formal del proyecto en el Sistema de Evaluación Ambiental y se cumpla con votación del Consejo de Evaluación Ambiental, Biobiogenera ya anunció mediante contratos la construcción de su proyecto. Situación falta el respeto a institucionalidad ambiental vigente.

Enfático se mostró el Consejero regional, Luis Santibáñez, al denunciar que “la contratación de las obras del terminal GNL Penco – Lirquén a un mandante español durante el mes de octubre, constituyen una materia llamativa a lo menos en el tenor de que el proyecto aún se encuentra en evaluación en el sistema ambiental y no tiene para una resolución antes del mes de junio del año 2016. Esto es una falta de respeto a las normas ambientales existentes en Chile y en particular al rol que le compete al Sistema de Evaluación Ambiental y a la propia comisión la cual es presidida por el Intendente Rodrigo Díaz”.

Santibáñez, dijo que “no podemos aceptar que se dé por sentado un resultado favorable en el proceso. Esgrime información que la ciudadanía no posee respecto a materias que son de alta complejidad con dinámica publica que entendemos es muy seria y que reviste la necesidad de que sean las autoridades del Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) y el Ministerio del Medio Ambiente quienes expliquen cómo es posible que un oferente de por sentada la resolución de certificación ambiental meses antes de su sanción, con contratos multimillonarios que se hacen a través de la prensa y solo buscan posicionar arbitrios que no están dentro del canon tradicional de proyectos de esta naturaleza”, afirmó.

Agregó que “Biobiogenera ya ha adjudicado el año 2014 la licitación de bloques de energía por 4 mil GW por hora al Sistema Interconectado Central, lo cual significa que la propia Comisión Nacional de Energía y el ministerio del mismo ramo avalaron se desarrollara un proceso licitatorio sin la existencia física de la central El Campesino. Este es un antecedente a la falta de rigurosidad por parte del Estado al asignar contratos y concesiones a privados sin tener en consideración la necesidad de garantizar un Sistema de Evaluación Ambiental efectivo que proteja a las comunidades y que tenga respeto por la sensibilidad social de estos proyectos”.

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El representante por Tomé, Penco y Lirquén, dijo que “el contrato firmado por Biobiogenera y esta empresa española alcanza la cifra de U$175 millones de dólares y está comprometido para la conclusión de obras a fines del año 2018 justamente con el objeto de cumplir con las obligaciones de licitación de bloques de energía, lo cual obliga Biobiogenera a suministrar ésta a partir del primer día hábil del año 2019. Estamos en presencia de supuestos ambientales y supuestas autorizaciones que se encuentran amarradas con contratos entre privados que ninguna relación tienen con las disposiciones que rigen al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”.

Luis Santibáñez, señaló que “el emplazamiento es tanto a las autoridades ministeriales de medio ambiente, como también a las propias autoridades regionales que forman parte de la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) a pronunciarse respecto a esta irregularidad tanto en el ámbito social, comunitario, de participación ciudadana, como en el ámbito de respeto de la normativa ambiental. Aquí las autoridades políticas del Gobierno deben tener una posición clara con quienes hoy a través de estas iniciativas generan un escenario de especulación, dado que no está garantizado aún ninguna resolución o autorización que faculte la construcción de una central termoeléctrica”.

“La opinión pública debe estar informada respecto a este tipo de prácticas las cuales suscriben contratos y acuerdos multimillonarios sin contar a la fecha con la resolución de certificación ambiental ni los permisos sectoriales de autoridades que aún no votan y tampoco se manifiestan sobre la pertinencia o no de este proyecto”, declaró.

La autoridad, dijo que “cabe preguntarse qué importancia le da Biobiogenera a la opinión técnica y política de actores que constituyen el marco legal para la autorización en el Sistema de Evaluación Ambiental de sus proyectos. Al parecer, es bastante poca la relevancia e importancia ya que quien firma contrato y establece obligaciones multimillonarias entiende que se trata de un mero trámite, situación que no compartimos, rechazamos y emplazamos a las autoridades pronunciarse y a la propia Superintendencia del Medio Ambiente a intervenir en la materia para velar por la transparencia pública y la ética profesional”, acotó Luis Santibáñez.

Recordemos que este cuestionamiento con la empresa española, se suma también al otro contrato efectuado en mayo de este año con la noruega HoeghlLNG por U$150 millones de dólares, sumando más acuerdos comerciales son contar con los permisos ambientales y legales para su ejecución.

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Texto: Equipo de comunicaciones del Consejero Regional Luis Santibáñez Bastidas.
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