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El Comité Bulnes Sin Termoeléctricas expuso al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) el conflicto socioambiental de más de tres años que lleva con la Central El Campesino. El 23 de marzo dirigentes del comité viajaron a Concepción donde recibieron todo el respaldo por parte del instituto dentro de sus competencias legales.

El Comité Bulnes Sin Termoeléctricas lleva más de tres años conflictuando con la empresa Biobíogenera que pretende instalar el proyecto Central El Campesino, lo que constituye la mayor termoeléctrica a gas del país en pleno corazón agrícola de Bulnes. En ese sentido, el INDH que desde diciembre del año pasado se instaló con su sede en la región, demostró su preocupación hacia la comunidad de Bulnes solicitando una reunión al comité para que exponga su problemática, donde Harún Oda, especialista en Ciencias Sociales del INDH calificó de “un gran conflicto que abarca una importante porción del territorio”, refiriéndose a la asociación que tiene megaproyecto energético con el Terminal GNL Penco-Lirquén dependiente de la termoeléctrica, lo que lo transforma en un conflicto regional que también involucra a la comunas de Tomé, Talcahuano y Bulnes..

De esta forma, Andrés Parada, vocero del Comité Bulnes Sin Termoeléctricas, explicó el contexto y desarrollo histórico del conflicto desde el 2012, cuando la comunidad de Bulnes se enteró del megaproyecto a partir de la compra de un terreno que supuestamente era para uso agrícola.

Esto sirvió al INDH en el levantamiento de necesidades y un diagnóstico regional en problemáticas de DD.HH. que desarrolla la institución, donde Oda dice que identifican tres grandes focos de vulneración: los mapuches, las cárceles al ser la mayor región con recintos penitenciarios, y por supuesto, los conflictos medioambientales. El especialista explicó que ellos son un organismo autónomo encargado de fiscalizar al estado, “una especie de contraloría  de los derechos humanos” grafica Oda. Es por ello que se mantiene la preocupación de la institución hacia la comunidad agrícola de Bulnes, ya que es deber del estado garantizar el “derecho de vivir un medio ambiente libre de contaminación” como señala el representante del INDH, por tanto es labor de éste fiscalizar que esto se cumpla.

Para ello están en proceso en la elaboración de un mapa de conflictos socioambientales, además de un informe anual de la situación de los DD.HH. en Chile, documentos que son expuestos a todas las autoridades del país e incluso organismos internacionales. Para complementar aún más el diagnóstico, el Comité Bulnes Sin Termoeléctricas solicitó una visita a terreno para ver la realidad en concreto, asunto al que se comprometió el INDH.

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