Antonia Eyzaguirre A.

Economía y Negocios
El Mercurio

Señalan que la aprobación de la iniciativa ha sido objetivo de fuertes presiones por parte del Gobierno y advierten que harán todo lo necesario para frenar la central.

“Vamos a hacer todo lo posible por frenar este proyecto (…) No hay compensación que valga”, dicen los empresarios y agricultores miembros de la organización “Bulnes sin termoeléctricas”, entre los que figuran Carlos Spoerer, alto ejecutivo de reconocidas empresas del país, y Manuel Larraín, dueño de Los Tilos.

Esto, en relación con el proyecto de gas de 640 MW El Campesino, que desarrolla la francesa EDF con Biobiogenera, ligada a la familia Ardizzoni y a ejecutivos y empresarios que han estado vinculados a Salfa, como Gastón Escala. A juicio de los agricultores que tienen campos en la zona, este proyecto presenta importantes irregularidades. Spoerer afirma que en el proceso “todo ha sido engaño”. Asimismo, Larraín enfatiza que el ex ministro de Energía Máximo Pacheco “necesitaba esta iniciativa, y por eso le prestó ropa, pero eso no quiere decir que sea un buen proyecto”. Asimismo, acusa al ex ministro de “voluntarismo” y de no tener “escrúpulos”.

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Las razones son múltiples. Los agricultores acusan que la iniciativa vulnera la legislación ambiental al presentarse en el sistema como un proyecto fraccionado, cuando en realidad es uno solo: El Campesino y el terminal de GNL Penco-Lirquén, que fue presentado así cuando era el proyecto Octopus. “No cabe sino concluir que ha sido fraccionado con la finalidad de evadir el sistema de evaluación ambiental (…) De haberse presentado como uno solo, los efectos se multiplican de tal forma, que las exigencias son más altas para su aprobación”, advierten. De hecho, en ambas iniciativas indican que su representante (Alfonso Eduardo Ardizzoni Simian) es la misma persona. Por ello piden que exista un cambio en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA), para que este actúe de forma independiente, y no guiado por presiones que, a juicio de los agricultores, son evidentes.

Recalcan que también existe otra irregularidad: el proyecto carece de Consulta Indígena realizada de buena fe en el marco del proceso de aprobación del terminal de regasificación. De hecho, la asociación Koñintu Lafken Mapu solicitó la realización del proceso, y la autoridad accedió, pero luego, “de manera sorpresiva, arbitraria e ilegal, determinó poner fin unilateralmente, cuando el proceso estaba en pleno desarrollo”, comentan. Este cambio de criterio es para ellos inexplicable: “La única explicación razonable es que se hizo por la presión en particular del entonces ministro Pacheco, que está súper comprometido con la central”, dice Andrés Parada, presidente del Comité “Bulnes sin termoeléctricas”, que es representado por el abogado Álvaro Toro.

Los agricultores también afirman que el proyecto vulnera de forma importante las disposiciones del Código de Aguas, dado que se localiza en un área sin recursos naturales y es cruzada solo por canales de riego. Por último, aseguran que la central El Campesino es energéticamente innecesaria, dados los cambios estructurales en el mercado eléctrico de los últimos años. Estudios encargados por ellos muestran que las centrales de gas representarán el 3% de la generación total del SIC y el SING para el periodo entre 2020 y 2030, pese a que implicarán un 22% de la capacidad instalada. Por ende, a su juicio, la eventual ausencia de El Campesino no significa “ningún riesgo sistémico”, ya que la generación de gas sería reemplazada por otras centrales del tipo, que estarían siendo subutilizadas.

Petición
Dicen que es urgente que el Servicio de Evaluación Ambiental sea independiente del gobierno.

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