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Organizaciones sociales, de trabajadores e indígenas de Talcahuano presentaron acciones administrativas contra el proyecto de terminal GNL Talcahuano en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Algunas de estas medidas buscan revertir la Resolución de Calificación Ambiental otorgada hace más de dos meses por la Comisión Evaluadora al proyecto de la Compañía Regional de Infraestructuras.

Con una concentración a las afueras del SEA, la mañana del 4 de octubre se presentaron tres acciones administrativas contra el proyecto de terminal de regasificación GNL Talcahuano que fue aprobado el 24 de julio de este año. “Posterior a la aprobación de parte de los seremis esta es la primera acción administrativa que tiene que ver con un recurso de reclamación frente a las observaciones que hizo la empresa como respuesta a las observaciones que hizo la ciudadanía y las comunidades al proyecto GNL Talcahuano” dijo Marjorie Apablaza, representante de la Coordinadora Chorera, quien agregó que las respuestas del titular no fueron significativas ni precisas y “que comunmente tienen que ver con temas que son muy críticos del proyecto”.

Dentro de estos temas estarían la ubicación del proyecto que es una zona de importancia natural como lo es el humedal Rocuant-Andalién, las dudas sobre el proceso de extracción y regasificación del gas, y los peligros que significa su instalación en una zona sísmica donde han sucedidos tsunamis como la bahía de Concepción, entre otras críticas. “Nos parece que es irresponsable realizar este tipo de proyectos, que si bien se denominan como energía limpia, no es una energía limpia y que nosotros consideramos que afectan negativamente a la comuna” manifiesta Apablaza.IMG_6038_result

Aparte del recurso de reclamación se presentó un recurso de invalidación que busca retrotraer el proceso de evaluación a la consulta indígena, tal como sucedió con el proyecto Terminal GNL Penco-Lirquén al que se le revocó la Resolución de Calificación Ambiental. “Es un recurso de invalidación del Servicio de Evaluación Ambiental por no haber realizado el proceso de consulta que establece la ley 19.300, la ley de medio ambiente y el Convenio 169 de la OIT, en relación a que aquí por lo menos hay cuatro comunidades indígenas que están siendo afectadas por este megaproyecto, en orden a que ven a ver afectados sus derechos patrimoniales, territoriales y culturales” declara la abogada defensora de la comunidad, Fernanda Flores.

Finalmente, trabajadores de la caleta de Tumbes que se verían afectados por este proyecto presentaron acciones administrativas frente al SEA. “Hay algunas especies, en cuanto a los estudios que han hecho, donde no le dan una vasta importancia o no son reconocidas, pero que nosotros las tenemos como fauna acompañante que igual a nosotros nos produce un alto perjuicio a nuestras pesquerías” explica Patricio Durán, presidente del sindicato de embarcaciones menores de doce metros de la caleta de Tumbes, quien aclara que estas especies “a lo mejor no tienen un mayor renombre pero tienen un valor comercial”.

El sindicato que representa Durán se dedica históricamente a los recursos pelágicos, y al ser embarcaciones pequeñas no tienen la envergadura para salir a pescar tan alejados de la bahía, por lo que el sólo hecho de la instalación del terminal con sus áreas de seguridad perjudican su trabajo.”Es un proyecto que te condiciona a trabajar porque no vas a poder estar cerca de ellos” recalca el dirigente agregando que con este proyecto también se verían afectados los buzos mariscadores y las áreas de manejo de recursos bentónicos.

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