Por Grupo Socioambiental Convergencia 2 de Abril

La mañana de este jueves 21 de diciembre, la Coordinadora Intercomunal por la defensa del mar y la tierra, anunció que el proyecto Terminal de gas “GNL Penco-Lirquén” se encuentra en default técnico, debido a que la empresa que construiría su regasificadora, la española “Duro Felguera”, se ha desplomado en la bolsa por los retrasos en obtener su permiso ambiental. Es decir, ya no hay quien financie o llore por el desahucio del conflictivo terminal de gas, iniciativa que ha sido rechazada por más de 4 años por la mayoría de la comunidad de la Bahía de Concepción.

El llamado fue a concentrarse en las afueras de la SEREMI de Medio de Ambiente para anunciar la buena noticia a la opinión pública de la Región del Biobío. La invitación de la Coordinadora Intercomunal – que aglutina a organizaciones sociales de base de Penco, Lirquén, Tomé, Talcahuano, Bulnes y Pemuco – tuvo recepción también por otras agrupaciones sociales, estudiantiles de la zona.

Representantes por cada coordinadora comunal, procedieron a dar lectura a viva voz de un comunicado público. Según palabras del vocero del Comité Bulnes Sin Termoeléctrica, “finalizando el año 2017 y tras cuatro años de movilización, las organizaciones territoriales que conformamos la Coordinadora Intercomunal declaramos que Octopus se cae pedazos celebrando su sepultura como proyecto”.peña a beneficio

Por su parte la vocera de la Coordinadora Penco-Lirquén, Camila Arriagada dijo que “los últimos acontecimientos con respecto a la caída de inversionistas e infraestructura del Terminal GNL Penco-Lirquén de Biobíogenera, demuestran su derrumbe inminente de un proyecto que lleva años en tramitación y que debido a la organización y movilización de las comunidades hoy queda tan sólo archivado como lo que es, un proyecto”.

 

Según Valentina Salinas de la Coordinadora Chorera “…hoy le damos sepultura a este proyecto, dándole nuestras más sinceras condolencias al Seremi de Medio Ambiente, que sistemáticamente apoyó esta idea que sólo traería daño para las costas de la Región del Biobío a través de los terminales de regasificación que servirían de abastecimiento para las termoeléctricas que se quieren destruir el valle agrícola de Ñuble”.

Agregó Andrea Robinson, de la Coordinadora Tomecina “sabemos que la guerra no está ganada y que, por tanto, hacemos el llamado a seguir alerta y activos, continuando la oposición a los proyectos termoeléctricos de Bulnes y Pemuco, así como el terminal GNL Talcahuano que amenaza de igual manera la bahía de Concepción. Sin embargo, finalizamos el ciclo de movilización del 2017 con la confianza en que la organización y la conciencia son nuestras armas para la defensa de nuestro territorio”.

jornada de difusión en Tomé

Este duro golpe al megaproyecto, sin lugar a dudas, constituye un alivio para los miles de habitantes que se han organizado para defender sus bienes naturales, patrimonio, salud y fuentes de trabajo, y por sobre todo, un aliento para quienes impulsan el deseo de fortalecer la soberanía plena de las comunidades, para decidir el destino que anhelan para sus territorios.

Y ha quedado claramente establecido por el amplio movimiento social que resiste a los terminales gasíferos y las contaminantes termoeléctricas, que no hay lugar para intereses transnacionales ajenos en sus territorios, que el único saldo que dejan es saquear los bienes naturales a cambio de pobreza y devastación.

Antecedentes.

“Proyecto Octopus” era el nombre que inicialmente se le dio en abril de 2013 al proyecto de Terminal de gas que pretende emplazarse en las costas de Lirquén (localidad de la comuna de Penco), pero cuyos impactos ambientales son generales para todo el radio de la Bahía, junto a las comunas de Talcahuano y Tomé. El nombre perseguiría al proyecto hasta el día de hoy, y es que no siempre resultan afortunadas las asesorías de marketing a la hora de bautizar proyectos. Hoy, tras un proceso de mejoramiento, se llama proyecto “Terminal GNL Penco-Lirquén”.

La iniciativa consiste en la construcción de una plataforma marítima que permitirá regasificar el GNL (Gas Natural Licuado) importado de la industria del “fracking” en EE.UU. La técnica del fracking es conocida mundialmente por sus nocivos efectos en la salud, la calidad del agua y del aire debido a una invasiva técnica que perfora pozos de hidrocarburos, aniquilando el agua y vastas extensiones de tierra. Uno de los principales acuerdos entre La Moneda de Bachelet y la Casa Blanca de Obama, fue en 2013, previo a su campaña presidencial, era el de asegurar la salida del excedente de GNL para Chile. Y en esa jugada, resultaba fundamental abrir dichos mercados a través de la infraestructura pertinente: el proyecto Octopus.

La plataforma del proyecto, se enlaza a un gasoducto terrestre que atravesará la Población Ríos de Chile y la comuna de Penco. La actividad de descarga del GNL contaminará la Bahía afectando la pesca, las algas y mariscos de Tomé, Penco y Talcahuano. Los riesgos de explosión de este tipo de estructuras está a la orden del día. O si no, recordemos el reciente incidente del 12 de diciembre en Austria, en el centro Baumgarten, que dejó un muerto y 18 heridos. Y ese ha sido también una amenaza latente que incomoda a los vecinos del sector.

La respuesta del movimiento social.

Al haber tomado nota del ingreso del proyecto, la comunidad comenzó inmediatamente un proceso de organización, para formarse y disponerse a generar una respuesta social contundente al proyecto. Juntas vecinales, jóvenes, profesionales, sindicatos, centros culturales, colectivos, organizaciones sociales y estudiantiles dieron vida a la Coordinadora Intercomunal.

La organización tiene base social en las Comunas de Tomé, Talcahuano, Lirquén, Penco, además de los comités de Bulnes y Pemuco que se organizan contra las termoeléctricas que dañarán la agricultura y calidad de vida del Valle.

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Es importante considerar este elemento. Los terminales de gas están destinados principalmente a la inyección de energía al SIC, para lo cual se requiere la instalación de termoeléctricas que generan dicha energía vía GNL. Y las zonas de sacrificio escogidas han sido los valles agrícolas de Bulnes y Pemuco. El gobierno, no contento con violar sus compromisos ambientales para disminuir el cambio climático, se da el lujo, a través de procedimientos de dudoso conducto, de aprobar el proyecto termoeléctrico “El Campesino” (Bulnes) y “Las Arcillas” en Pemuco. De momento los agricultores, parceleros y vecinos del valle respiran en paz ya que mientras los terminales gasíferos no se instalen en la costa, las termoeléctricas no se construirán tampoco. Podemos dar cuenta entonces, de los resultados que da una articulación solidaria para la lucha por defender el territorio.

En algunos polos gastronómicos, los locatarios y trabajadores del sector marino también han salido a dar la pelea por lo suyo, como es el caso del “Barrio Chino” de Lirquén. Es la crónica de un pueblo entero que se coordina para defender sus fuentes de trabajo, los recursos naturales, la salud y una vida digna.

¿Los antagonistas? Capitales transnacionales de Francia (Electricité de France, ENGIE), Estados Unidos, España (Duro Felguera, Fenosa), India (Arya Group) y socios criollos menores.

Entre los meses de julio, agosto y septiembre, se realizaron sendas asambleas sociales en todas las comunas afectadas. Los estudiantes pusieron su conocimiento al servicio de la comunidad, las organizaciones sociales movilizaron a sus bases, los dirigentes se expresaron públicamente su rechazo al proyecto.

El 2 de septiembre de 2013, se realiza la primera gran Marcha Intercomunal con participación de movimientos y organizaciones de diversas localidades de la región que confluyeron en Concepción, con el apoyo social y político directo del movimiento estudiantil y demás organizaciones de la sociedad civil.

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Desde entonces el conflicto no ha cesado y las coordinadoras y el movimiento han convocado a lo largo de cuatro años a sendas jornadas de protestas muy activas, con alta convocatoria, cortes de ruta, cacerolazos, y duros enfrentamientos con fuerzas especiales. Desde el gobierno central no han trepidado en aumentar la dotación policial para amedrentar vecinos de la zona, con interrogatorios, controles de identidad y amenazas; inclusive golpeando brutalmente a estudiantes (muchos menores de edad) del Liceo Ríos de Chile, que han salido en innumerables ocasiones a protestar contra el proyecto que sólo viene a dañar su comunidad educativa y al barrio.

Los principales impactos del proyecto están asociados a la pesca, el medio marino, el aire y la seguridad de la población. Si bien en sus intentos publicitarios, la empresa GNL ha pretendido usar la vieja artimaña de que se va a ofrecer trabajo, lo cierto es que – y así lo sostiene el movimiento –, el proyecto sólo requiere 63 puestos de trabajo para su funcionamiento, versus las más de 10.000 fuentes de empleo directas o indirectas que la Bahía genera a través de todos sus rubros asociados (turismo, extracción, gastronomía, comercio local, interés patrimonial, etc).

El principal discurso del gobierno para convencer a la población de la introducción del GNL a gran escala, sería el supuesto carácter “menos contaminante” que ostenta el GNL frente al petróleo y otros hidrocarburos. Por eso resulta llamativo y contradictorio, aunque no inesperado, que el gobierno de Bachelet haya querido impulsar el rubro energético vía matriz de gas, siendo que ha suscrito compromisos en materia de mitigación del Cambio Climático. El uso de gas natural no mitiga el cambio climático sino al contrario. En Estados Unidos, estudios han reportado que el cambio de carbón a gas natural como fuente de energía no reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero. Incluso, podría hacer que estas aumenten debido a que desalentaría el uso de energías renovables. Cuatro estudios indican que entre 2013 y 2055 el uso de gas natural reducirá las emisiones del sector eléctrico tan solo en un 9%, una cifra insignificante en cuanto al impacto en el ambiente (Fuente: Periódico Resumen). Más aún, de acuerdo a cifras oficiales del Cuarto Reporte del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) en 2001, el gas natural produjo alrededor de 5,3 billones de toneladas anuales de CO2.

En el movimiento no todo es unidad. Pese a la convicción y capacidad de confluir a diversos espacios sociales de la zona, la empresa también ha recurrido a la práctica del “dividir para vencer”, ofreciendo compensaciones en dinero o regalías para callar dirigentes sociales e impedir que sus bases se sumen a la fuerza del movimiento social. Artimañas más, o artimañas menos, pese a esos intentos de división que afectan al movimiento, su fuerza está intacta y se preparan inclusive para estar en las calles este 2018.

La Consulta Indígena.

Quizá el más grande traspié del proyecto, antes de su default técnico, fue el cierre arbitrario por parte del SEA Bíobio, del proceso de Consulta Indígena, en el cual participaba la asociación mapuche lafkenche “Koñintu Lafkenmapu” de Penco.

Desde 2015 que las lamgnen y peñi se encontraban en un proceso de consulta, obligatorio para el Estado y las empresas inversionistas, en virtud del cual pueden participar en la evaluación de impacto ambiental para influir en la decisión de la Comisión de Evaluación Ambiental. Pese a que la consulta consagrada en el Convenio 169 OIT (Tratado Internacional sobre pueblos indígenas obligatorio para el estado chileno) no es vinculante, ha permitido a comunidades y agrupaciones mapuche ejercer sus derechos político-territoriales y conflictuar en mejor posición ante las transnacionales y el Estado, logrando no pocas veces la paralización o caída de megaproyectos, como fue el caso de la central Hidroeléctrica Neltume en 2015 y la central Mediterráneo en 2016, en la zona de Cautín.

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Sin embargo, presiones del sector privado, la torpeza política del Servicio de Evaluación Ambiental y un escenario de conflicto social álgido, impulsaron de manera arbitraria, a que el gobierno cerrará el proceso de Consulta sin dar explicaciones plausibles. El remedio fue peor que la enfermedad. Pese a que obviar dicho trámite en el marco del SEIA, implicaba acelerar la obtención de un permiso ambiental para “GNL Penco-Lirquén”, lo cierto es que el mes de junio de 2016, la intercomunal entera se volcó a las calles en una masiva jornada de protesta, luego que entre gallos y medianoche se aprobara el proyecto en la Intendencia.

Uno de los grandes derrotados por el movimiento socioambiental, ha sido la actual institucionalidad ambiental. Su diseño permite que, en la práctica, el Servicio de Evaluación Ambiental simplemente mejore la calidad de los proyectos a través de observaciones (ICSARAS), con procesos de participación ciudadana de dudosa calidad, minimizando los reales impactos ambientales de los proyectos y terminando en un procedimiento en que el órgano que aprueba o rechaza, está compuesto sólo por SEREMIS y el Intendente, quien preside la Comisión Ambiental; es decir, ninguna autoridad elegida democráticamente.

Desde el cierre ilegal y la votación apresurada del proyecto, el movimiento social inició una dura batalla judicial, que llevó al terminal gasífero y al SEA ante la mismísima Corte Suprema (causa rol 65349-2017), la cual falló en enero de este año a favor de la asociación mapuche y de la Coordinadora Intercomunal, ordenando que la aprobación del proyecto se anule y que el procedimiento de evaluación se reinicie desde la etapa de Consulta Indígena.

IMG_9786Hoy por hoy, el SEA y el titular se encuentran cumpliendo la sentencia del máximo tribunal, mientras se desarrolla normalmente un proceso de consulta indígena que, por cierto, también ha empoderado la alianza social que el pueblo mapuche tiene con el movimiento social chileno en la warria, en que la defensa de la Ñuke Mapu (madre tierra) y el Küme Mongen (buen vivir) son principios transversales a sus organizaciones populares.

Corrupción, conflictos de interés y la amenaza de un segundo Terminal de gas.

El conflicto incluso ha logrado ribetes en las instituciones políticas. Ese mismo año 2013, la presión social obligó a los alcaldes de Penco, Tomé y Talcahuano a dar un voto político de rechazo conjunto a la iniciativa, porque no se avenía con el desarrollo turístico, cultural y económico propios de los territorios afectados.

Ni el poder ejecutivo se salva de la corruptela que atraviesa la instalación de los terminales de gas. El propio ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, supuesto adalid del medio ambiente, fue asesor del proyecto Termoeléctrica El Campesino, asumiendo un año después la Subsecretaría del ramo, en 2014, sin haber declarado en su patrimonio e intereses la asesoría prestada a la termoeléctrica. Cuestión que con la actual Ley de Probidad es obligatoria.

Más adelante, el mismo ex alcalde de Talcahuano, Gastón Saavedra (recién electo diputado por el PS), se vería implicado en un “caso cheques” a través de su hijo Eduardo Saavedra (actual concejal) y su suegro (que es también su chofer) al haber recibido de parte de la Compañía Regional de Infraestructura S.A, cheques signados bajo los números 224 y 225, por 1.500.000 pesos cada uno, además del número 226 por 5 millones de pesos (fuente: investigación de Radio Biobío).

¿El motivo de los cheques? El ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental de un segundo proyecto de terminal gasífero: el proyecto “GNL Talcahuano”, el cual contó con la venia de la municipalidad de Saavedra para evitar conflictos con la sociedad civil como su primo-hermano “GNL Penco-Lirquén”. El titular es “Inversiones GNL Talcahuano SpA” y su representante legal es Juan Ignacio Ugarte, militante de la Democracia Cristiana, ex gobernador de la provincia de Concepción, ex director de Correos de Chile, y gerente general del casino Marina del Sol, empresa propiedad de Nicolás Imschenetzky, un empresario amigo del genocida Miguel Krasnoff Martchenko y que también ha hecho negocios con representantes de Colonia Dignidad. Detrás de este proyecto se encontraría la Compañía Regional de Infraestructuras (CRI S.A).

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El escenario político fue propicio para la evaluación del Terminal GNL Talcahuano. De dimensiones y características similares a “Octopus”, el proyecto fue evaluado y aprobado el año 2017, aprovechando la coyuntura de default de GNL Penco-Lirquén y la concentración de esfuerzos del movimiento contra dicho proyecto. Sin embargo, la comunidad nuevamente levantó la frente, se movilizó en julio de este año, y en octubre pasado, presentaron sendos recursos de Reclamación al Comité de Ministros, instancia revisora, que en caso de dar el visto bueno al segundo terminal, podría ser llevada al banquillo del Tribunal Ambiental de Valdivia.

Cabe señalar que el proyecto GNL Talcahuano también ha tenido complicaciones en su socialización e impactos, ya que su Línea de Base no contempla el daño provocado a los caladeros de pesca de sardina y anchoveta, ni las caletas de Tumbes, Penco ni Tomé. Además de haber cometido el mismo craso error de Octopus: se saltó el proceso de Consulta Indígena con las cerca de cuatro organizaciones mapuche de la comuna, de las cuales, al menos dos han reclamado la invalidación del proyecto mientras no se ejecute dicha Consulta.

Horizontes de la Coordinadora Intercomunal

La batalla política y social del movimiento socioambiental de la Bahía de Concepción, sin duda se circunscribe en el contexto de arremetida del capital transnacional en toda América Latina, que ha patrocinado gobiernos de cuño neoliberal proclives a convertir las economías nacionales en simples exportadores de materia prima y energía. La desaceleración del sector minero ha sido el principal factor objetivo que ha generado escenarios de conflictividad territorial, ya que requiere de mayores paquetes de energía para mantener la tasa de productividad y ganancia.

En los horizontes de la Coordinadora Intercomunal, se escuchan voces y brazos que apuestan a impulsar la tarea de construir soberanía territorial en la región, de forma que sean las organizaciones sociales quienes decidan su futuro. Dar una feroz lucha contra el modelo extractivista, evitar a toda costa convertirse en zona de sacrificio, preservar el derecho a la salud, el trabajo y el medio ambiente, plantear un pliego o programa que aúne las reivindicaciones de los cientos de movimientos socioambientales y territoriales del país, propendiendo a defender el uso y acceso de los recursos naturales para el beneficio de las mayorías y no de los grupos económicos. He ahí la titánica tarea y los resultados visibles de un pueblo movilizado que gana musculatura en el conflicto y que robustece el tejido social a partir de pequeños ejercicios de poder, control y propuestas alternativas.

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